El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por fuentes abiertas, resulta esencial. Los detectives privados han demostrado en numerosas investigaciones que pueden ser eficaces a la hora de conocer la realidad de la empresa siniestrada. El detective desmenuza y reconstruye lo ocurrido, intuye, busca algo que no encaje, investiga y demuestra que el fraude, en caso en de serlo, es intencionado.
En el periodo histórico en el que me encuentro investigando sobre el origen de los informes de solvencia y detectives privados entre 1875 y 1925, las necesidades de información no eran tan distintas a las de hora. La posibilidad de impago o fraude era algo frecuente entre empresas y particulares, solían tener un historial anterior delator, por sucesos parecidos, empresas que no existían o con deudas acumuladas e intencionadas y sin ninguna voluntad de ser pagadas. Proveedores de información comercial y detectives privados eran habituales entre aseguradoras (incendios, de caución, de robo), que los utilizaban de manera preventiva, para conocer si la empresa que solicitaba el seguro existía, su moralidad en los pagos, su instinto para los negocios, si estaba en quiebra… pero era utilizada también cuando el siniestro era presentado por la empresa. En este caso, la información e informe derivado de la investigación tenían un protagonismo especial, ya que demostrar una relación entre el perfil de la empresa y la intención del siniestro, con la finalidad de conseguir un beneficio, podía ahorrar dinero a una compañía aseguradora que, multiplicado por varios siniestros presentados al año, el importe era considerable. Aseguradoras como Sociedad de Seguros Mutuos (1875), La Providencia (1880), La Catalana General de Seguros (1881), La Justicia (1881), La Española (1881) o El León (1884) utilizaban “información” externa para analizar sus fraudes.
He hallado un interesante artículo en La Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y seguros que con fecha 25 de marzo de 1922, donde se reseñaba que en una conferencia celebrada en Estados Unidos por la Asociación de Aseguradoras, uno de los directivos, Mr. Williams, contó que, tras analizar numerosos casos, había encontrado una relación entre el aumento o disminución del número de siniestros, “según que los negocios anden bien o mal.”
Sobre los fraudes indicó que en 1919 hasta mil informes de peritos sobre siniestros ocurridos, comprobaban y demostraban que fueron voluntarios o por negligencia, lo que supuso para las entidades aseguradoras una pérdida de 1.504.689 dólares. En el año 1920 la cifra aumentaba un 10 %. Relacionaban el aumento de siniestros en el segundo semestre de 1919 coincidiendo con una crisis industrial, dándose el curioso caso de que en un solo día del mes de noviembre se recibieran en las oficinas de los actuarios hasta 6.000 informes. Mr. Williams propuso a las entidades aseguradoras perjudicadas que antes de hacer efectivo ningún siniestro estudiasen los informes comerciales y la situación financiera de las empresas siniestradas, con el objeto de averiguar en cada caso si el asegurado respectivo se hallaba o no en condiciones de hacer frente a sus negocios.
No se equivocaba al transmitirles la importancia de la información sobre la empresa que ha presentado el siniestro, ocurría con frecuencia que el propósito intencionado del siniestro era debido a una mala situación de la empresa y la necesidad de ingresar dinero de una manera rápida.
