En la madrugada del 3 de agosto de 1977, la policía sudafricana anunció la muerte de un hombre de 26 años en una celda de la comisaría de Brighton Beach, en Durban.
Se llamaba Hoosen Mia Haffejee. Era dentista y se había convertido en objetivo de la Brigada de Seguridad por su oposición al apartheid.
La versión oficial fue suicidio.
Según la policía, Haffejee había utilizado sus propios pantalones para ahorcarse de la parte baja de la puerta enrejada de su celda.
Pero su cuerpo contaba otra historia.
Presentaba hematomas, abrasiones y numerosas lesiones en brazos, piernas y espalda. Haffejee había sido detenido la mañana anterior y había permanecido durante horas en manos de la Brigada de Seguridad.
Su familia nunca creyó que se hubiera suicidado.
En 1978, una investigación judicial aceptó la versión policial. Nadie fue considerado responsable y el expediente quedó cerrado.
La familia, no.
Pasaron más de cuarenta años hasta que el caso llegó a manos de un investigador privado.
Investigar un expediente que ya no existe
Christopher Reginald Clifford Marion había trabajado durante cuatro décadas en la policía sudafricana y se había retirado con el rango de brigadier. Después comenzó a trabajar como investigador privado para la Fundación para los Derechos Humanos, revisando crímenes cometidos durante el apartheid que seguían sin esclarecerse.
Uno de ellos era la muerte de Haffejee.
Marion no tenía una escena del crimen que examinar. No podía entrevistar a los testigos inmediatamente después de los hechos ni fotografiar el cadáver.
Recibió algo mucho más difícil: los restos de una investigación realizada cuarenta años antes.
Y descubrió que faltaba muchísimo.
Declaraciones, fotografías, documentación médica, el plano de la celda… Incluso había desaparecido la grabación de una reconstrucción utilizada para demostrar que Haffejee podía haberse ahorcado como aseguraba la policía.
Quienes investigamos sabemos que un expediente puede mentir por lo que contiene.
Pero también por lo que falta.
Los horarios no encajaban
Marion comenzó por una pregunta elemental: ¿aquella muerte había sido investigada correctamente?
La respuesta fue demoledora.
La celda no había sido protegida adecuadamente, no existía una cadena de custodia fiable, algunos posibles testigos ni siquiera habían declarado y numerosos elementos habían desaparecido.
Pero había algo todavía más importante.
El tiempo.
La policía había situado la muerte entre las tres y las cuatro de la madrugada. Los nuevos análisis forenses indicaban que Haffejee probablemente había muerto varias horas antes, cuando todavía podía encontrarse en manos de sus interrogadores.
Además, un antiguo miembro de la Brigada de Seguridad terminó reconociendo que Haffejee había sido torturado y explicó que los agentes recibían instrucciones para construir relatos destinados a ocultar lo ocurrido durante los interrogatorios.
Una irregularidad podía ser un error.
Dos, quizá también.
Pero cuando las contradicciones, las ausencias y los documentos desaparecidos comenzaron a encajar, apareció algo muy diferente.
Un sistema.
Cuarenta y seis años después
El 13 de septiembre de 2023, el juez Zaba Nkosi anuló las conclusiones de 1978.
Hoosen Haffejee no se había suicidado.
Cuarenta y seis años después, aquella muerte recibió finalmente otro nombre: un crimen.
Y hay algo fascinante en la forma en que Clifford Marion ayudó a reconstruirlo.
No persiguió ningún automóvil. No utilizó cámaras ocultas. No descubrió una huella olvidada.
Investigó horarios, contradicciones, testimonios, silencios y documentos que deberían haber estado allí y habían desaparecido.
La primera investigación había servido para cerrar una muerte.
La segunda ayudó a reconstruir un crimen.
Porque investigar no siempre consiste en descubrir algo nuevo.
A veces consiste simplemente en regresar a aquello que todos dieron por cerrado y volver a formular la pregunta que nadie quiso responder:
¿Qué ocurrió realmente?
